Estado de indecencia

Nos hemos habituado a leer noticas relacionadas con el elevado nivel de desempleo, la congelación salarial de los funcionarios, el incremento de las retenciones en las nóminas de los trabajadores, la inminente reforma que endurecerá las condiciones del mercado laboral, la subida de casi todos los impuestos que pagamos, el encarecimiento de la energía… ¡Vivir es cada día más caro!

¿Cómo no va a hacer crash el consumo? ¿De dónde se creen que sale el dinero de las familias?

Lo cierto es que la actual crisis está propiciando un deterioro progresivo de nuestra excelente y acomodada calidad de vida. Nos estamos acostumbrado peligrosamente a los recortes, restricciones, subidas de impuestos o al encarecimiento de productos y servicios. Lo vemos con total naturalidad y como la única posibilidad para reducir el déficit público y salir de la crisis.

La situación a la que hemos llegado se ha originado por muchos motivos. El principal, de la larga lista, es la irresponsabilidad del ciudadano, que se ha dejado seducir por el consumismo desmesurado y ha incurrido en un excesivo endeudamiento crediticio, principalmente hipotecario, durante los años de vino y rosas del “sector financiero-inmobiliario”.

Pero hay otros motivos, no menos importantes, que son atribuibles a la irresponsabilidad de agentes externos, que aparentemente velan por nuestros intereses. Por no atacar a ninguna institución, señalaré a personas indeterminadas que forman o han formado parte del Gobierno, de nuestra clase política, funcionarios de las Comunidades Autónomas o empresarios y empleados de la Banca, etc. y que se han aprovechado indecentemente de su situación de privilegio para obtener beneficio personal, aún poniendo en riesgo a su propio país.

Quizás, para evitar que se llegara a esta situación alguien debía haber decretado, en algún momento, el Estado de indecencia.

¿Nadie se había dado cuenta de que cada vez era más evidente que no se podían ocultar actuaciones imprudentes y censurables como el gasto público incontrolado, la gestión deficiente, la corrupción, el dinero dilapidado en infraestructuras infrautilizadas o el despilfarro generalizado en caprichos inmorales de todo tipo? Las ineficiencias del Estado central y de los gobiernos autonómicos sólo han ido en aumento hasta chocar de frente con la crisis. Claro, la velocidad que estaban adquiriendo estos fenómenos probablemente hayan anticipado el momento del impacto e intensificado sus efectos.

Y ¿qué mecanismos tiene nuestra moderna y próspera sociedad para sufragar los gastos originados por esta situación? Pues parece que de momento sólo se ha encontrado uno: ¡¡¡Que pague quien trabaja!!!

Me sigue pareciendo tan indecente la solución como el origen del problema.

Estoy de acuerdo que una sociedad civilizada debe velar por la protección de ancianos, niños, enfermos, desempleados o desfavorecidos, además de fomentar que la Sanidad, la Educación, la Seguridad o la Justicia sigan unos elevados estándares de calidad y sean un patrimonio gratuito para todos los ciudadanos, sin distinción.

A quien hay que perseguir es a quien se aprovecha, mediante prácticas ilegales y en beneficio propio, de la buena voluntad del sistema. Ellos son sujetos activos de la crisis y actúan con una impunidad manifiesta.

No obstante, lo ocurrido no debería sorprender a nadie, ya que el actual sistema lleva muchos años premiando al avispado, sin que nadie haga nada para remediarlo.

Aunque teóricamente, desde la escuela hasta el mundo empresarial se articulan mecanismos para ayudar a quien tiene dificultades, al final acaban siendo utilizadas, paradójicamente, por espabilados que acaban desmotivando y hundiendo a los más emprendedores y proactivos.

Sirvan algunos ejemplos para ilustrar esta situación:

• En el ámbito del colegio, se intenta combatir el fracaso escolar con los exámenes de mínimos, que en pocos días igualan a estudiosos y perezosos. A veces son los profesores-colegas quienes al intentar ser más enrollados con los alumnos más díscolos, consiguen el efecto contrario con quienes más se esfuerzan. ¿Educamos o deseducamos?
• En el ámbito empresarial, protegemos al desempleado con una ayuda económica durante algún tiempo, y algunos encuentran fórmulas para convertir dicho subsidio en fraudulento y complementarlo con otros ingresos no declarados. También se ayuda a los empresarios a que puedan afrontar situaciones comprometidas por falta de liquidez con instrumentos legales como el Concurso de acreedores. Otra vez, los “listos de la clase” se aprovechan del sistema para endeudarse sin conocimiento y, en pleno procedimiento concursal, beneficiarse de una quita o liberación parcial de la deuda, que le reporta ahorros millonarios y le permite seguir desarrollando su actividad. ¿Fomentamos la productividad o la picaresca?

En todos los casos, se originan agravios comparativos en los que sale siempre más perjudicado el más aplicado, el más trabajador, el más honrado, el más ético… Algo falla, es obvio.

Si trasladamos esta situación a nuestras instituciones, evidentemente, ocurre lo mismo. Los políticos y gobernantes desarrollan su actividad en legislaturas de cuatro años. Durante ese tiempo, deben mantener la intención de voto de los electores, por lo que su gestión se centra en el corto plazo y en actuaciones populistas que no desgasten su imagen pública. Muy pocos tienen el valor de gobernar con visión de largo alcance y con decisiones firmes que velen por el futuro de los ciudadanos, aunque ello conlleve un mayor desgaste político.

Al final, es preferible salir reelegido que arriesgarse a perder una posición de poder y prestigio, lo que, en muchos casos se traduce en una gestión desafortunada que tiene consecuencias nefastas para la ciudad, comunidad autónoma o país que gobiernan.

Para acabar con el Estado de indecencia, habría que empezar por castigar la gestión deficiente, ya que gobernantes y políticos no pagan por sus errores, sino que es el ciudadano el que lo hace en su lugar.

Después, habría que revisar y racionalizar nuestro sistema institucional. Hay exceso de instituciones nacionales, regionales, provinciales, comarcales, locales… ¿Para que sirven? ¿Cumplen los objetivos para los que fueron creadas? Y eso conlleva que también haya excesivos cargos públicos, parlamentarios, consejeros, asesores… Por tanto, los gastos en cargos e instituciones se disparan, dado que se generan innumerables duplicidades.

La degradación de la sociedad del bienestar está despertando la conciencia de muchas personas que alzan su voz y critican actuaciones que atentan contra los ciudadanos. Pero, curiosamente, el propio sistema devora a los detractores, a quien cuenta la verdad y denuncia los hechos. E inclusive, las autoridades y partidos políticos que parecen hacerse eco de muchas de las situaciones denunciadas no demuestran tener un verdadero propósito de enmienda pues, cuando alcanzan el poder, actúan siguiendo el principio que enunciaba Giussepe Tomasi de Lampedisa en su novela El Gatopardo, “hacer que todo cambie para que nada cambie”.

¿Realmente conocen los políticos las verdaderas necesidades de los ciudadanos? Y si las conocen, ¿les preocupan realmente? A veces dudo y pienso que muchas personas buscan y encuentran en la política un medio de vida o una oportunidad para adquirir notoriedad y prestigio social.

Es necesario acometer profundas reformas estructurales, no sólo en la Administración publica, sino también en el sistema financiero, en el mundo empresarial, en el mercado laboral y en áreas críticas como la Sanidad, la Educación o la Justicia.

En caso contrario, de seguir así, nos acabarán racionando todo tipo de bienes y servicios. ¿Te imaginas racionar la sanidad, la educación, el agua, la calefacción, etc.? Parece impensable, pero ¿y si ocurriera? Estamos acostumbrados a tener todo y nos olvidamos que en otras partes del mundo no tienen nada. ¿Y si se invirtiera esta situación?

Aunque quizás todo lo expuesto hasta aquí sea el menor de nuestros problemas.

La caída del Imperio hiperconsumista

Nuestro modelo económico capitalista se desmorona. La incertidumbre a la que se enfrenta la economía mundial es especialmente preocupante en la Unión Europea. A la crisis económica focalizada en el euro y la deuda soberana, principalmente, hay que sumar la decadencia social y política que afecta a Europa y a muchos de los países capitalistas, entre los que se encuentra España.

Europa ha perdido su hegemonía a favor de economías emergentes como China, India, Brasil o Rusia, entre otras.

En los últimos 15 años, el offshoring o deslocalización de empresas, ha contribuido a reorientar la capacidad productiva de las economías más poderosas hacia países en los que el coste de la mano de obra es muy inferior.

Ahora comienzan a hacerse visibles las consecuencias negativas que este fenómeno, que penaliza a los estados que más han reducido su capacidad productiva y a los que tienen una gran dependencia de la importación de bienes y servicios procedente de dichos países.

Sin embargo, las economías emergentes han concentrado gran parte de la producción mundial, lo que les ha permitido ocupar a su población, generar riqueza, desarrollar su tecnología al amparo de los países más innovadores, elevar su poder de compra en la obtención de materias primas y recursos energéticos, además de situarse entre las principales economías del mundo, lo que les permitirá afrontar los próximos años en una posición ventajosa.

El veloz crecimiento de estos países configurará un nuevo escenario económico que los situará, en pocos años, entre las principales potencias económicas mundiales. China ya controla una gran parte de la economía mundial, lo que confirma que el poder económico se desplaza hacia Oriente a un ritmo vertiginoso.

Este cambio de paradigma tendrá una profunda repercusión en los próximos años y sus consecuencias son difícilmente predecibles hoy en día.

El offshoring se concebía como una oportunidad para las economías industrializadas. Su finalidad era abaratar los costes productivos y centrarse en la comercialización de sus productos y servicios. En el corto plazo ha resultado válido, pero simultáneamente, ha ido acelerando la desintegración de la capacidad productiva de los países que han sido más activos en este proceso de deslocalización.

Con una capacidad productiva mermada y una atracción comercial reducida, los mercados más pequeños estarán a merced de los países más poderosos y caerán en una espiral de obsolescencia económica de la que resultará muy complicado recuperarse.

Para revertir esta situación, en caso de que no sea ya irreversible, muchos países podrían plantearse incentivar la relocalización productiva como una solución con la que minimizar riesgos futuros y con la que estimular su crecimiento económico en el medio o largo plazo.

Mientras todo esto sucede en el mundo, la Europa de los 27 está inmersa en una crisis de identidad y en una división económica, social y cultural muy grave, que atasca la toma de decisiones y que amenaza con enfrentar a unos países con otros en un futuro.

El desacuerdo generalizado en materia medioambiental también acecha a nuestro planeta, que está en riesgo de morir de inconsciencia general. En la Cumbre del Clima celebrada a finales de 2011 en Durban (Sudáfrica) se evidenció esa falta de acuerdo entre los países, así como el escaso compromiso de las grandes potencias con la protección del planeta. De seguir así, será imposible estabilizar el calentamiento global, lo que unido a la previsible incorporación al consumo de miles de millones de personas que habitan en los países emergentes y que empiezan a ver florecer su economía doméstica, creará una situación insostenible.

Si no ponemos freno a todas estas situaciones, la escasez de recursos nos obligará a racionar el consumo de muchos productos que hoy consideramos imprescindibles. No se trata de un mensaje alarmista o apocalíptico. Es tan sólo una lectura racional que tiene un trasfondo dramático para quienes estamos acostumbrados a ciertas comodidades que parecen de primera necesidad.

El periodo que conduce de 2012 a 2020 promete estar repleto de grandes desafíos globales y de profundos cambios, algunos de ellos, posiblemente serán muy dramáticos. Seguramente evolucionaremos mucho a nivel colectivo e individual, pero nuestro principal reto será descubrir cómo seguir avanzando sin poner en riesgo nuestro futuro.